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La tercera aseroría Parte II

Por: Pedro Wilmar Moreno Valencia
Abogado Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social
U. Libre de Pereira – U. Rosario

En nuestra Columna anterior, señalamos lo que consideramos es una clara competencia comercial entre las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad o los mal llamados fondos privados, y Colpensiones, como administradora del régimen de prima media con prestación definida, en medio de la cual han quedado los afiliados al sistema general de pensiones, quienes no solo tienen la libertad de decidir, con ciertas restricciones, en cuál de los dos regímenes quieren consolidar su derecho, sino que también enfrentan los riesgos de tomar una decisión que finalmente no favorezca sus intereses económicos y el de sus familias.

Frente a esta situación, ya se hizo evidente que muchas personas tomaron una mala decisión al trasladarse al RAIS y como consecuencia de ello han tenido la oportunidad de retornar a Colpensiones, en muchos casos, con la fortuna de acceder a una mejor pensión. Esto se ha logrado casi siempre mediante decisiones judiciales en las que se ha concluido, en términos generales, que las administradoras de fondos de pensiones incumplieron su deber de brindar información clara, idónea y completa, lo cual impidió a los afiliados tomar una decisión bien informada acorde con sus intereses. Sin embargo, también es posible que muchos afiliados hayan permanecido en el RPM, cuando por sus condiciones económicas particulares, les hubiera resultado más favorable estar afiliados en el RAIS.

Ahora bien, como parte de la solución al problema y con base en normativa legal y decisiones judiciales, se ha creado la denominada doble asesoría, que no es más que la oportunidad que tienen los afiliados al sistema general de pensiones, en su calidad de consumidores financieros, de acceder a información relevante que les permita tomar una decisión plenamente consciente.

No obstante lo plausible de las disposiciones sobre esta materia, considero que se ha dejado de lado el aporte social que pueden realizar los abogados especialistas en materia de seguridad social, comoquiera que son ellos quienes deberían brindar una tercera asesoría para garantizar que la decisión que tome el afiliado esté en consonancia con su situación económica personal y familiar. Y considero de suma importancia la tercera opinión, porque dadas las circunstancias y el origen de la doble asesoría (las controversias con las administradoras de fondos de pensiones), quienes se estarían “curando en salud” y de paso cerrando la posibilidad de que en el futuro los afiliados puedan reversar sus traslados por falencias en la información recibida, son las AFP, las mismas obligadas a brindar una de las dos asesorías y al mismo tiempo, interesadas económicas en captar afiliados.

Hay un aspecto que no puede pasarse por alto y es que las ineficacias en el traslado que se declaran judicialmente, llegan acompañadas del desembolso de fuertes sumas de dinero que deben realizar las AFP por concepto de aportes recibidos, rendimientos financieros y comisiones por administración de esos recursos, lo que representa una clara afectación de sus intereses económicos. Con la doble asesoría y la eventual imposibilidad de reversar los traslados, las AFP ya no estarán en riesgo de enfrentar juicios que las obliguen de devolver los dineros que han captado por aportes de los afiliados.

Consideramos que cuando están en medio derechos fundamentales con una alta exposición a intereses económicos particulares, como ocurre con el derecho a la pensión y el innegable ánimo de lucro de las AFP, los afiliados deben darse la oportunidad de recibir una asesoría personalizada adicional que realmente consulte su situación personal, máxime cuando, como lo percibimos, tomarán una decisión que seguramente no podrá ser revertida ni siquiera con intervención judicial.

Desde aquí hacemos un llamado a los afiliados para que, aparte de la doble asesoría que actualmente es obligatoria al momento de realizar un traslado entre regímenes pensionales, tomen una tercera asesoría con su asesor de confianza que, dicho sea de paso, no solo es imparcial, sino que revisará su situación personal con mayor detalle del que pueden hacerlo las entidades del sistema, aunque para ello requiera información que dichas administradoras deban suministrar.

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