+ Opinión

Protagonismo risaraldense en la corrupción

Por: Alexander Ríos Arboleda

 

Cada vez que anuncian con trompetas los medios de comunicación la exclusividad de la noticia, me aflige cuando lo contado es de un acto de corrupción, que no respeta ni posición económica del individuo con hijos y sin ellos, ni etnia, ni raza; en definitiva toca todos los estamentos de la sociedad.

 

Los de esta semana instalan a Risaralda en los primeros lugares.  El primer evento es lo sucedido en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para la paz, instancia en donde se evalúa y prioriza la inversión de recursos para la implementación de proyectos con dineros provenientes de las regalías, allí tienen asiento funcionarios públicos del nivel nacional, departamental y municipal, con invitados permanentes entre senadores de la república y representantes a la cámara. En las denuncias de posibles irregularidades por la exigencia de comisiones para adjudicar los recursos, mencionan puntualmente al senador risaraldense Sammy Merheg y al representante a la cámara del Cesar Ape Cuello. Los dos son de la divisa azul del Partido Conservador. En estos hechos también involucran a los diferentes funcionarios que hacían parte en las reuniones para designar dichos recursos en distintos proyectos.

 

En una investigación por pedir dineros a terceros de Empresas Prestadoras de Salud, con el ánimo de acelerar desembolsos ante las entidades estatales, la Corte Suprema de Justicia formuló pliego de cargos contra el representante a la cámara risaraldense del partido Liberal, Juan Carlos Reinales; Originando con esto que fuera removido del cargo y ajustándolo a un régimen especial, como el de estar presentándose al organismo judicial y no poder salir del país.

 

Finalmente, un puñado de empleados de la Alcaldía de Pereira fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, por haberse descubierto que confabulaban para hacer erróneas liquidaciones de cesantías, que una vez pagadas se distribuían los excedentes entre todos. La práctica de este delito se está investigando para revisar cuantos años hacía atrás comprometen a estos funcionarios. Lo cierto del caso es que 7 de los implicados ya presentaron su renuncia al cargo que tenían en la institución y se acogieron al principio de oportunidad.

 

La justicia colombiana tiene para todos estos casos el llamado debido proceso, lo doloroso del tema es encontrar que el mal de la corrupción no respeta ninguna instancia y solo los valerosos denunciantes, que en muchas ocasiones son amenazados, detienen estas prácticas deshonesta  a todo nivel. En esta reflexión quedan varias preguntas a los implicados. ¿Pensaron en la tristeza de sus seres queridos?, ¿Vale la pena obtener un dinero extra con las potenciales consecuencias para sus vidas?

 

 

 

P.D. En una ligera intervención de la designada  ministra de cultura Patricia Ariza, lanza a la opinión pública “la brillante” idea de establecer un impuesto a los planes de datos y voz, para aumentar el presupuesto de la cultura. Se le olvida a la señora que en estos momentos aciagos para el mundo por sus indicadores económicos, por solo cultura estos temas se deben discutir al interior del consejo de ministros, debido a las consecuencias que traería al bolsillo de los colombianos, que hoy reciben por estrado los artículos que contendrá la nueva reforma tributaria del Pacto Histórico.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *