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Se indica el camino de la JEP

Este lunes vence el plazo legal para que el presidente Iván Duque anuncie si sanciona la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o si la objeta, siendo este último el camino más posible luego de conocerse posiciones como la de la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe y varios académicos, políticos y empresarios.

La ley estatutaria de la JEP es una norma que el Congreso aprobó en noviembre de 2017 y es parte de la estructura normativa del modelo de juzgamiento para los excombatientes acordado en Cuba.

Esta norma fija varios principios por los que se debe guiar la justicia especial de paz, especifica, nada más y nada menos, temas como el tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos en medio del conflicto y detalla todo lo relacionado con la responsabilidad de los comandantes, tanto de las FF. MM. como de la exguerrilla, en las supuestas faltas de sus subordinados.

Por el momento, los críticos del modelo de juzgamiento para los excombatientes han coincidido en ocho elementos consignados en esta ley y por los cuales, según ellos, esta debería ser objetada por Duque, al menos de manera parcial.

Quien ha llamado la atención sobre los efectos negativos de la entrada en vigencia de esta norma fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien le envió una carta al jefe de Estado en la que le describe cuatro “preocupaciones” del ente investigador si se sanciona esa ley.

Los reparos tienen que ver con el futuro de los reinsertados que sigan en el narcotráfico, la suerte de los reincidentes y sus beneficios en la JEP, la posibilidad de que la Fiscalía avance en diligencias mientras la justicia de paz toma decisiones en firme y las posibles acciones de tribunales internacionales ante el tratamiento de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

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